Señalan que continuarán con la asesoría legal con el propósito de evitar que se concrete el desaolojo total de las familias que aun siguen al interior del terreno en cuestión.
Mencionan que han sido víctimas de amenazas por parte de los trabajadores que realizan el cercado del terreno, los cuales son empleados de David May Dzul, presunto dueño del terreno.
Mencionan que han detectado que algunos de los empleados cuentan con armas blancas, por lo que éstos tratan de intimidarlos para evitar que se acerquen e impedir dicha labor.
Los colonos mantienen su solicitud de que las autoridades del gobierno federal intervenga con el propósito de que se evite su desalojo, al considerar que éstos ya llevan más de tres años en el terreno, de tal forma que han construido sus viviendas.
Otra acción que los colonos tienen previsto realizar es la de interponer una demanda en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, debido a que consideran que el desalojo fue arbitraria.
Señalan que por ley cuando se realiza un desalojo, con anticipación se les debe de avisar a las personas, con el propósito de que con tiempo puedan retirar sus pertenencias.
No obstante, el desalojo de La Guayita fue de formar arbitraria y no les dieron tiempo de que puedan sacar sus cosas, por lo que mencionan que les robaron sus pertenencias.